En estos días tempestuosos, días de indignación, días de primavera juvenil y de flores de esperanza en medio de lo que parecía la resignación al atropello del statu quo sociopolítico, hay unos personajes, protagonistas muy a su pesar, de los que se está hablando, según mi parecer, un poco a la ligera.
Como miembros de una institución pública de un sistema democrático son objeto de crítica legítima, como no podría ser de otra forma, pero me veo moralmente obligado a intentar aclarar cierta confusión de términos que existen tanto en los medios como en los ciudadanos que, de forma comprensible, exacerban la crítica convirtiéndola en saña generalizadora y sectaria contra un colectivo que, por lo general, es un ideal chivo expiatorio en estas catarsis colectivas.
Asisto estupefacto a la resurrección de tópicos del franquismo como, por ejemplo, "desertores del arao", "fascistas", "descerebrados", "sádicos" y otras lindezas por el estilo.
Por supuesto que cada uno puede pensar como quiera, faltaría más, pero quizá se equivoque o le guste equivocarse con algunos aspectos del funcionamiento de un sistema democrático. Por esto mismo desde ahora advierto a navegantes en el sentido de que este artículo no va dirigido, ni por asomo, a personas que no creen en la democracia desde cualquier extremo del espectro ideológico, es decir, el fascista real y el anarquista antisistema puede ahorrarse el perder el tiempo en estas elucubraciones mías.
En España (me voy a limitar al ámbito estatal), el "antidisturbios", en contra de lo que muchos podrían pensar, no es un robot ni una acémila a la que se recluta de entre los más bestias de la clase o del barrio marginal. No existe una unidad "antidisturbios", existen las Unidades de Intervención Policial, creadas por Real Decreto 1668/1989 de 29 de diciembre, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, no me voy a entretener con su análoga en la Guardia Civil. Se trata de una especialidad dentro del CNP, hay que ser primero policía y para entrar en dicho cuerpo no se exigen sólo las cuatro reglas, como alguno podría pensar, y en la oposición, en el apartado teórico, entre otras materias se exige demostrar conocimientos en Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Constitucional, Administrativo, Sociología, Psicología, Informática, etc. Dentro de la sociología se tratan temas como la violencia de género, la globalización, los derechos humanos, las drogas, etc. Superada la oposición se accede a un proceso selectivo de formación en el Centro que existe en Ávila, con prácticas en distintas plantillas.
Centrándonos en la especialidad a la que nos referimos, a la cual hay que acceder también mediante concurso oposición dentro del Cuerpo, vamos a volver al Real Decreto antes citado, el cual desglosa las funciones de estas Unidades:
Bajo la visera de la gorra, o del casco, según proceda, existe un ser humano, un españolito de a pie, aunque no lo crean, que tiene sus virtudes, sus defectos, sus problemas y un trabajo no siempre agradable pero que alguien tiene que hacer. Un trabajo mal pagado y de escaso o nulo reconocimiento popular, para qué nos vamos a engañar.
Si usted, estimado lector, es de los que no reconoce ningún tipo de autoridad, está perdiendo el tiempo leyendo este artículo. Si, por el contrario, asume los principios de la democracia, sabrá que existe la autoridad, autoridad legítima que emana del pueblo mediante el voto, y que la ejercen los cargos electos y los jueces y tribunales. Los policías no son autoridad, son agentes de la misma en el ejercicio de sus funciones. Por supuesto que no siempre esa autoridad se ejerce como debiera pero existen mecanismos para corregir esas irregularidades. Mecanismos contundentes donde los haya cuando al que hay que corregir es al funcionario público, último eslabon del posible desmán.
No voy a tratar la intervención policial cuando hay graves alteraciones del orden de evidente violencia contra bienes y personas. Voy a tratar la intervención cuando la concentración o manifestación es considerada pacífica.
El que una concentración o manifestación sea pacífica no siempre supone que no altere el orden público. La ocupación del espacio público, de las vías y las plazas, aun siendo pacífica, puede llegar a suponer una vulneración de derechos de la mayoría de los ciudadanos.
Considerando, como buen demócrata que soy, no se equivoquen, la intervención policial como el último recurso a agotar, puede ocurrir que la ocupación prolongada del espacio público, a parte de ocasionar evidentes perjuicios y molestias a otros ciudadanos y colectivos como los comerciantes, puede llegar a crear distintos riesgos sanitarios y de seguridad colectiva. Me reconocerán que en situaciones normales nadie admitiría en la plaza de un pueblo cualquiera una acampada de indigentes o sin techo de los de verdad.
Es la autoridad política, por lo general gubernativa, quién, ajustándose a derecho, debe valorar cuando hay que poner fin a este tipo de situaciones atendiendo al bien colectivo. Ningún mando policial tiene potestad para ordenar una carga de motu propio salvo situaciones de inmediata y extrema urgencia.
Una vez que el político toma la decisión, ordena a las fuerzas de seguridad el desalojo o la disolución de la concentración.
¿Quiere decir ésto que en ese momento al policía le salta un fusible y se le dispara la porra contra el indefenso manifestante?. Pues no.
Se advierte a los concentrados de que deben abandonar el lugar. Primero se les solicita y luego se les ordena. Sí, se les ordena pues si la orden política es legal, el policía está entonces investido de la autoridad de la que es agente.
Si el grupo acata la demanda policial pues aquí paz y después gloria. El manifestante a su casa o a tomar cañas y el policía a la suya o a tomar cañas con el manifestante, que cosas veredes.
Si el grupo se resiste de forma violenta pues, qué les voy a contar, acaba todo como el Rosario de la Aurora.
Si opta, sin embargo, por la resistencia pasiva pues... al final acaba igual. Y aquí es dónde el común de los mortales se lleva las manos a la cabeza. Y voy a reconocer que las imágenes que tanto repiten los medios de comunicación no son agradables, pero tampoco es agradable la situación para el que está trabajando y tiene que desalojar en un tiempo determinado a gente que no le ha hecho nada y con la que, en más ocasiones de las que ustedes se creen, está más que de acuerdo y tiene bastante en común.
Si alguien tiene la receta para desalojar un espacio público mediante buenas palabras pues que me lo haga saber y daré traslado a quién corresponda.
En todos los países democráticos existen, en los no democráticos ni les cuento, unidades de este tipo y se dan situaciones parecidas. Y habrá quién hable de "perros del capitalismo", "sicarios del poder" y otros calificativos por el estilo refiriéndose a gentes que también están hipotecadas, que difícilmente llegan a fin de mes y que, de ello doy fé, sienten más satisfacción rescatando víctimas en una catástrofe que disolviendo manifestaciones a las que ellos mismos se sumarían.
Sin pretender que esto sea un ejercicio de autobombo corporativista, reconociendo que existen, como en todo ámbito, algunos excesos y actuaciones no deseables y condenables, con más motivo cuando se trata de profesionales de la seguridad, me dispongo a recibir todo tipo de críticas y flores varias que vendrán, en muchos de los casos, de progresistas de catecismo a los que quisiera ver con responsabilidades en este tipo de situaciones.
Como miembros de una institución pública de un sistema democrático son objeto de crítica legítima, como no podría ser de otra forma, pero me veo moralmente obligado a intentar aclarar cierta confusión de términos que existen tanto en los medios como en los ciudadanos que, de forma comprensible, exacerban la crítica convirtiéndola en saña generalizadora y sectaria contra un colectivo que, por lo general, es un ideal chivo expiatorio en estas catarsis colectivas.
Asisto estupefacto a la resurrección de tópicos del franquismo como, por ejemplo, "desertores del arao", "fascistas", "descerebrados", "sádicos" y otras lindezas por el estilo.
Por supuesto que cada uno puede pensar como quiera, faltaría más, pero quizá se equivoque o le guste equivocarse con algunos aspectos del funcionamiento de un sistema democrático. Por esto mismo desde ahora advierto a navegantes en el sentido de que este artículo no va dirigido, ni por asomo, a personas que no creen en la democracia desde cualquier extremo del espectro ideológico, es decir, el fascista real y el anarquista antisistema puede ahorrarse el perder el tiempo en estas elucubraciones mías.
En España (me voy a limitar al ámbito estatal), el "antidisturbios", en contra de lo que muchos podrían pensar, no es un robot ni una acémila a la que se recluta de entre los más bestias de la clase o del barrio marginal. No existe una unidad "antidisturbios", existen las Unidades de Intervención Policial, creadas por Real Decreto 1668/1989 de 29 de diciembre, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, no me voy a entretener con su análoga en la Guardia Civil. Se trata de una especialidad dentro del CNP, hay que ser primero policía y para entrar en dicho cuerpo no se exigen sólo las cuatro reglas, como alguno podría pensar, y en la oposición, en el apartado teórico, entre otras materias se exige demostrar conocimientos en Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Constitucional, Administrativo, Sociología, Psicología, Informática, etc. Dentro de la sociología se tratan temas como la violencia de género, la globalización, los derechos humanos, las drogas, etc. Superada la oposición se accede a un proceso selectivo de formación en el Centro que existe en Ávila, con prácticas en distintas plantillas.
Centrándonos en la especialidad a la que nos referimos, a la cual hay que acceder también mediante concurso oposición dentro del Cuerpo, vamos a volver al Real Decreto antes citado, el cual desglosa las funciones de estas Unidades:
- Colaboración en la protección de SS. MM. los Reyes de España y altas personalidades nacionales y extranjeras.
- Prevención, mantenimiento y restablecimiento, en su caso, de la seguridad ciudadana.
- Intervención en grandes concentraciones de masas, reuniones
en lugares de tránsito público, manifestaciones y espectaculos públicos. - Actuación y auxilio en caso de graves calamidades o catástrofes públicas.
- Actuación en situaciones de alerta policial, declarada, bien
por la comisión de delitos de carácter terrorista o de delincuencia
común y establecimiento de controles y otros dispositivos policiales. - Protección de lugares e instalaciones en los supuestos en que así se determine.
- Intervención en motines y situaciones de análoga peligrosidad.
Bajo la visera de la gorra, o del casco, según proceda, existe un ser humano, un españolito de a pie, aunque no lo crean, que tiene sus virtudes, sus defectos, sus problemas y un trabajo no siempre agradable pero que alguien tiene que hacer. Un trabajo mal pagado y de escaso o nulo reconocimiento popular, para qué nos vamos a engañar.
Si usted, estimado lector, es de los que no reconoce ningún tipo de autoridad, está perdiendo el tiempo leyendo este artículo. Si, por el contrario, asume los principios de la democracia, sabrá que existe la autoridad, autoridad legítima que emana del pueblo mediante el voto, y que la ejercen los cargos electos y los jueces y tribunales. Los policías no son autoridad, son agentes de la misma en el ejercicio de sus funciones. Por supuesto que no siempre esa autoridad se ejerce como debiera pero existen mecanismos para corregir esas irregularidades. Mecanismos contundentes donde los haya cuando al que hay que corregir es al funcionario público, último eslabon del posible desmán.
No voy a tratar la intervención policial cuando hay graves alteraciones del orden de evidente violencia contra bienes y personas. Voy a tratar la intervención cuando la concentración o manifestación es considerada pacífica.
El que una concentración o manifestación sea pacífica no siempre supone que no altere el orden público. La ocupación del espacio público, de las vías y las plazas, aun siendo pacífica, puede llegar a suponer una vulneración de derechos de la mayoría de los ciudadanos.
Considerando, como buen demócrata que soy, no se equivoquen, la intervención policial como el último recurso a agotar, puede ocurrir que la ocupación prolongada del espacio público, a parte de ocasionar evidentes perjuicios y molestias a otros ciudadanos y colectivos como los comerciantes, puede llegar a crear distintos riesgos sanitarios y de seguridad colectiva. Me reconocerán que en situaciones normales nadie admitiría en la plaza de un pueblo cualquiera una acampada de indigentes o sin techo de los de verdad.
Es la autoridad política, por lo general gubernativa, quién, ajustándose a derecho, debe valorar cuando hay que poner fin a este tipo de situaciones atendiendo al bien colectivo. Ningún mando policial tiene potestad para ordenar una carga de motu propio salvo situaciones de inmediata y extrema urgencia.
Una vez que el político toma la decisión, ordena a las fuerzas de seguridad el desalojo o la disolución de la concentración.
¿Quiere decir ésto que en ese momento al policía le salta un fusible y se le dispara la porra contra el indefenso manifestante?. Pues no.
Se advierte a los concentrados de que deben abandonar el lugar. Primero se les solicita y luego se les ordena. Sí, se les ordena pues si la orden política es legal, el policía está entonces investido de la autoridad de la que es agente.
Si el grupo acata la demanda policial pues aquí paz y después gloria. El manifestante a su casa o a tomar cañas y el policía a la suya o a tomar cañas con el manifestante, que cosas veredes.
Si el grupo se resiste de forma violenta pues, qué les voy a contar, acaba todo como el Rosario de la Aurora.
Si opta, sin embargo, por la resistencia pasiva pues... al final acaba igual. Y aquí es dónde el común de los mortales se lleva las manos a la cabeza. Y voy a reconocer que las imágenes que tanto repiten los medios de comunicación no son agradables, pero tampoco es agradable la situación para el que está trabajando y tiene que desalojar en un tiempo determinado a gente que no le ha hecho nada y con la que, en más ocasiones de las que ustedes se creen, está más que de acuerdo y tiene bastante en común.
Si alguien tiene la receta para desalojar un espacio público mediante buenas palabras pues que me lo haga saber y daré traslado a quién corresponda.
En todos los países democráticos existen, en los no democráticos ni les cuento, unidades de este tipo y se dan situaciones parecidas. Y habrá quién hable de "perros del capitalismo", "sicarios del poder" y otros calificativos por el estilo refiriéndose a gentes que también están hipotecadas, que difícilmente llegan a fin de mes y que, de ello doy fé, sienten más satisfacción rescatando víctimas en una catástrofe que disolviendo manifestaciones a las que ellos mismos se sumarían.
Sin pretender que esto sea un ejercicio de autobombo corporativista, reconociendo que existen, como en todo ámbito, algunos excesos y actuaciones no deseables y condenables, con más motivo cuando se trata de profesionales de la seguridad, me dispongo a recibir todo tipo de críticas y flores varias que vendrán, en muchos de los casos, de progresistas de catecismo a los que quisiera ver con responsabilidades en este tipo de situaciones.